Urge que los gobiernos estatal, autonómicos y locales, cada uno en su ámbito de competencias, pongan en marcha medidas estructurales para contener la subida de precios de los alimentos saludables.

Por Miguel Ángel Royo Bordonada, 

Jefe de Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III y Maira Bes-Rastrollo, Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Navarra

Que la bollería, los helados, los snacks, los nuggets de pollo, las salchichas, los refrescos y los platos preparados no son una opción alimentaria saludable es algo que nadie discute a estas alturas. Pero no se trata de una cuestión de libre elección individual de lo que comemos sin más: uno de los factores que más influye en los hábitos alimentarios de la población es el precio de los alimentos. Y los alimentos ultraprocesados son más baratos que los frescos o los mínimamente procesados. De ahí que su consumo sea mucho más alto entre las clases más desfavorecidas, que a su vez están más expuestas y son más vulnerables a la publicidad.

Los estudios de intervención son concluyentes al respecto: la mejor manera de promover una alimentación saludable es mediante políticas económicas. Eso implica reducir el precio de los alimentos saludables, junto con subsidios a los grupos más desfavorecidos para su adquisición, y encarecer los no saludables mediante impuestos.