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Iglesia sólo reconoce matrimonio hombre y mujer, indica Norberto Rivera

Iglesia sólo reconoce matrimonio hombre y mujer, indica Norberto Rivera

Iglesia sólo reconoce matrimonio hombre y mujer, indica Norberto Rivera
No obstante, el cardenal recuerda que nadie está excluido de la Iglesia Católica; llama a respetar los derechos civiles de las personas
El cardenal Norberto Rivera Carrera consideró que aun cuando nadie está excluido de la Iglesia Católica, cualquier otra unión que no sea la de un hombre y una mujer no tiene similitud, ni remotamente, con el matrimonio.

 

Al oficiar misa en la Parroquia dedicada a San Juan Pablo II y a Santo Tomas Moro, enfatizó sin embargo que se deben respetar los derechos civiles de las personas y la propia dignidad humana, y que en todos los casos se debe evitar la discriminación.

En el acto, donde fue develada una escultura en bronce de san Juan Pablo II, el también arzobispo Primado de México se refirió a la propuesta sobre matrimonio igualitario y mencionó la exhortación apostólica “Amoris Laetitia” emitida recientemente por el Papa Francisco sobre la postura de la Iglesia en torno al matrimonio.

Insistió en que en el documento, el Pontífice señala que el matrimonio tiene carácter sacramental desde un principio y debe ser entre un hombre y una mujer.

El Ejército, vinculado al caso Iguala por sobrevivientes: Solalinde

El sacerdote aseguró que el GIEI tiene conocimiento sobre ello y no puede revelar nombres, ni palabra alguna porque peligra la vida de esos dos estudiantes.

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El sacerdote Alejandro Solalinde señaló, en entrevista para una agencia de noticias, que de acuerdo con algunos testimonios recabados, se hace mención al Ejército mexicano en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, informó La Jornada.

El sexto de los siete testimonios que he recabado, desde octubre de 2014, menciona al Ejército, dijo el sacerdote, quien fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 en México.

De acuerdo con el testimonio de dos jóvenes que lograron escapar -y que son la fuente de la versión de Solalinde- indican que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tiene conocimiento sobre ello y no puede revelar nombres, ni palabra alguna porque peligra la vida de esos dos estudiantes.

La versión documenta las acciones de las policías de tres municipios –Iguala, Cocula y Huitzuco-, coordinadas en los ataques contra los autobuses donde viajaban los alumnos, y luego –en confesiones bajo tortura, según el GIEI- entregaron a los jóvenes a sicarios del grupo narcotraficante Guerrero Unidos, que los habrían asesinado y desaparecido los restos.

Solalinde rechaza que los alumnos fueron incinerados en el basurero de Cocula, como afirma la “verdad histórica” de la investigación federal, por razones científicas de diferentes expertos.

Según el sacerdote, el corazón de la investigación del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) es que la llamada “verdad histórica” es una mentira, es una construcción oficial para ocultar la verdad.

Cuestionado si se trata de un secreto de confesión cristiana, respondió “Claro que sí, nunca lo voy a decir, yo se lo dije al GIEI y se comunicaron con ellos, están ocultos en algún lugar”.

(Con información de La Jornada y Sputnik News)

Sepultarán a Ángela, la niña que hallada muerta en una maleta

 

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Será sepultado el cuerpo de la pequeña “Ángela” en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil.

El cadáver de la niña fue hallado en marzo del 2014 al interior de una maleta abandonada en la Ciudad de México, y se prevé sea sepultado este lunes debido a que nadie reclamó sus restos.

El cuerpo tiene cabello lacio y castaño, ojos cafés, orejas “regulares”, boca mediana, nariz ancha pequeña y complexión mediana.

Se estima que al momento de su muerte tenía año y medio o dos de edad; vestía chamarra roja, pantalón de mezclilla y gorro para el frío. Portaba en su espalda una mochila. Usaba aretes tipo broquel y en muñeca izquierda tenía una pulsera de hilo rojo.

Pese a que la Procuraduría General de Justicia capitalina difundió su retrato, pues consideraron que podría proceder de otra entidad, nadie la ha reclamado. Su cuerpo se conserva en el forense embalsamado.

Tampoco se ha logrado la captura del hombre que abandonó la maleta pese a que se cuentan con imágenes para su identificación.

Hay que recordar que el 23 de marzo de 2014 fue encontrado el cadáver de una menor de edad dentro de una maleta deportiva en la calle Berlín, de la colonia Juárez de la Ciudad de México. Hasta ahora nadie lo ha reclamado.

Su cuerpo será sepultado en el panteón San Isidro de la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil este 25 de abril, en busca de generar conciencia de la persistencia de este problema contra la infancia en México.

Fuente: XEU

61 mil 018 asesinatos durante gobierno de EPN, según cifras oficiales

En promedio, en el primer trimestre del año, cada día se cometieron 53 asesinatos en la República.

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MÉXICO.-61 mil 18 asesinatos se han cometido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto -de diciembre 2012 a marzo 2016-, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan sólo de enero a marzo de este año se cometieron casi 5 mil homicidios dolosos: mil 551 en enero, mil 611 en febrero y mil 725 en marzo, lo que arroja un total de 4 mil 887, un promedio de más de 53 asesinatos por día. 

Los estados donde más asesinatos se han cometido en los primeros tres meses en año 2016

 

son: el Estado de México (544); Guerrero (514); Jalisco (310); Baja California (273); y Michoacán (269).

El Estado de México también ocupa el primer lugar en secuestros, pues fueron denunciados 65, de los 307 casos reportados de enero a marzo. En segundo lugar de plagios está Tamaulipas, con 56.

Aquí las cifras completas, que detallan homicidios, secuestros y extorsiones en el primer trimestre del 2016:

El sistema carcelario en México está reprobado, dice CNDH, y autoridades rechazan cambio

La CNDH destacó la grave crisis que enfrenta el sistema penitenciario en México a consecuencia de la inadecuada política nacional. Señaló que las autoridades encargadas de las cárceles se resisten a reconocer y aceptar los resultados que arroja el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), lo que genera pocos avances y en ocasiones retrocesos. Los estados con las calificaciones más bajas en sus sistemas penitenciarios son Quintana Roo, Nayarit, Tabasco, Sinaloa y Tamaulipas.Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.– El sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante un pronunciamiento público.

“La CNDH de ninguna forma se pronuncia por buscar condiciones de privilegio a las personas que se encuentran en reclusión penitenciaria, pero sí puntualiza la exigencia de que cesen las condiciones que representen situaciones de violación a derechos humanos en los centros penitenciarios del país”, expresó el organismo.

En el pronunciamiento difundido este domingo, la CNDH destacó que las autoridades encargadas de las cárceles se resisten a reconocer y aceptar los resultados que arroja el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), lo que genera pocos avances y en ocasiones retrocesos.

“Lo anterior se hace evidente en las calificaciones de los centros estatales, obtenidas año con año, puesto que el promedio por estado de las calificaciones ha descendido y las deficiencias señaladas continúan presentándose, esto es, si se analizan los resultados de las calificaciones de los últimos cuatro diagnósticos”, refiere el pronunciamiento.

El informe enfatizó que 22 estados (69 por ciento) bajaron su calificación de 2013 a 2014, de éstos 14  entidades (44 por ciento) bajaron su calificación por dos periodos continuos o más, y nueve (28 por ciento) han disminuido su calificación por tres o cuatro años seguidos.

Año con año el promedio de las 32 entidades ha bajado de calificación, de 6.59 en 2010, a 6.41 en 2011; 6.28 en 2012; 6.10 en 2013, y 6.02 en 2014.

Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37.

La CNDH señaló que de las 10 entidades federativas que no bajaron su promedio, sólo una mantuvo la misma calificación entre 2013 y 2014, las restantes nueve subieron su calificación en el mismo periodo; de éstas, cuatro estados lo hicieron por dos años consecutivos.

“Estos resultados empatan con la percepción que se tiene del Sistema Penitenciario Nacional, que atraviesa por una crisis, ya que son múltiples las problemáticas que en él se encuentran”, señaló la Comisión.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria permite conocer y evaluar las cárceles del país, con el propósito de orientar las políticas que atiendan esta problemática.

“Para que cumpla con su objetivo el DNSP, debe de analizarse de forma integral, puesto que se compone de una parte cuantitativa dada por la calificación y por otra parte cualitativa, la cual se integra de todo el desglose de datos que refieren las diversas causas en las que los centros no se apegan a los estándares de la normatividad aplicable”, apuntó la CNDH.

También pidió que haya un proceso donde participen con mayor provecho la CNDH, los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades, a fin de mejorar las condiciones de los penales.

“A partir del conocimiento de los criterios de supervisión penitenciaria, trazar un programa de corto, mediano y largo plazo que posibilite alcanzar los estándares óptimos de respeto a la dignidad de las personas en reclusión”, precisó el organismo defensor de los derechos humanos.

La CNDH urgió transparentar el proceso de integración del DNSP, a fin de conocer su metodología y establecer los vínculos de retroalimentación con las autoridades supervisadas, a efecto de que el instrumento sea un elemento que contribuya al mejoramiento continuo de los centros de reclusión en un marco de respeto a los derechos humanos. También pidió que haya un proceso donde participen con mayor provecho la CNDH, los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades, para mejorar las condiciones de las cárceles. Foto: Cuartoscuro

LA SOBREPOBLACIÓN

En octubre del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que existía un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afectaba no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les minaba la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.

El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” expuso que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.

El organismo informó que estos indicadores destapan un sistema judicial caduco y el uso excesivo de las cárceles como una solución, por parte del Estado, que provoca otros problemas como falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias.

A esos problemas se suman incidentes violentos, de tortura o maltrato, así como de salud e higiene.

“De lo datos recabados en el proceso de elaboración del diagnóstico, se pudo identificar en 28 centros una sobrepoblación con riesgo crítico, debido a que exceden en más de 40 por ciento su capacidad instalada, 20 centros con riesgo alto en virtud de exceder el 20 por ciento de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder desde un interno hasta menos del 20 por ciento de la capacidad instalada”, mencionó el documento en esa ocasión.

En 1994 existía en las prisiones del país capacidad para 88 mil 071 personas y había 86 mil 326 internos. Sin embargo, en 2015 un total de 204 de 288 cárceles exponen una sobrepoblación desde la óptica operacional y normativa, situación que debe ser atendida con estrategias, lineamientos y acciones que permitan la operación correcta de las cárceles.

En informes anteriores, el propio organismo que preside Luis Raúl González Pérez ha documentado el autogobierno, prostitución y otras acciones dentro de estos lugares de reclusión.El aumento de presos es constante durante los últimos 10 años. Gráfico: CNDH.

POLITICOS VS PERIODISTAS

Mayoría de ataques contra medios y periodistas, orquestados por funcionarios y miembros de partidos.
Así lo revela el informe que dio a conocer este jueves la organización Artículo 19.
Veracruz, “la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo”, alerta.

Contrario a lo que se podría pensar, la mayoría de las agresiones contra los medios de comunicación y periodistas en el país, en general, son orquestadas por funcionarios de gobierno o miembros de partidos políticos.

Así lo revela el más reciente informe de la organización Artículo 19, que documentó en 2015 un total de 397 agresiones contra la prensa, en los que un funcionario público fue el perpetrador en 165 de los casos; 34 eran miembros de una “fuerza partidista”; y el crimen organizado participó en al menos 35 ocasiones. En 85 casos no hay elementos suficientes para esclarecer quién cometió la agresión, y 78 veces fue un particular quien la cometió.

En el apartado titulado “radiografía del miedo” se apunta que: “el 46.9% de las agresiones, en los últimos siete años, provienen de algún servidor público, y esto prueba que no es el crimen organizado el principal perpetrador, como lo afirma la narrativa del gobierno de la República: es el mismo Estado atacando a sus ciudadanos”. 

El año pasado, las agresiones por parte de un funcionario público y la de un miembro de una fuerza partidista, suman el 50.125 por ciento de los casos. En contraste, los ataques del crimen organizado representan cerca del 9 por ciento, no obstante que hay agresiones que aún no se esclarecen.

Artículo 19 alerta en su informe que “el deterioro del ejercicio de la libertad de expresión desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto ha sido constante”.

Apuntó que Veracruz “es el espacio geográfico del continente más peligroso para ejercer el periodismo”. Y precisó que durante el gobierno de Javier Duarte -quien este año termina su mandato- han sido asesinados 15 periodistas.

La Ciudad de México también registra un gran número de agresiones contra la prensa; sin embargo, en este caso gran parte de ellas se deben a la actuación policiaca en las diversas manifestaciones sociales.

Tanto la capital del país como Veracruz registran 67 agresiones cada una, cometidas el año pasado; en Guerrero se documentaron 56; en Puebla 38; y en Oaxaca, 35.

En la CDMX y en territorio veracruzano, las principales agresiones son: amenazas, ataques a medios, ataques físicos o materiales, hostigamiento e intimidación. 

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En los primeros tres años del gobierno de Peña la organización documentó más de mil agresiones contra los medios y periodistas. 
Aunque estadísticamente los funcionarios y miembros de partidos son los principales orquestadores de los ataques contra la prensa, en algunos puntos del país, como es el caso de Tamaulipas, el crimen organizado es quien más intenta impedir o acallar el trabajo de los medios y los periodistas.De 2009 a 2015, en Tamaulipas se registraron 63 agresiones, de las cuales 32 fueron por parte del crimen organizado; 17 por un funcionario; 4 por una fuerza partidista; 9 se desconoce; y 1 por un particular.También en el caso de Guerrero, el principal agresor de la prensa es el crimen organizado. Sin embargo, en las dos entidades mencionadas hay una conocida colusión o complicidad, entre autoridades y delincuentes.