En México “capacidad asombrosa para normalizar, silenciar y negar la violencia”: Andreas Schedler en CNN

“La mayor deficiencia de la democracia mexicana es… el gran hoyo negro del sistema judicial”, señaló.

en la niebla de la guerra

En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, es el más reciente libro de Andreas Schedler, doctor en ciencia política por la Universidad de Viena, quien explicó de inicio que en la portada se observa una pequeña subcomandancia, la cual es “un poco indirecta e irónica. El libro es sobre la violencia criminal que nos ha azotado en las últimas décadas, y la relación de los ciudadanos ante la violencia. Es un libro sobre opinión pública, básicamente”.

Uno de los actores centrales es el Estado”, y la imagen de la portada “es casi simpática del Estado, porque está chiquito, perdido en el desierto, un Estado evidentemente incapaz de protegernos, no es exactamente el Estado”, sino “una parte del Estado”, recalcó en entrevista para Aristegui CNN.

El interés del autor surgió de “una irritación moral, la idea de que ya llevamos mucho tiempo en esta violencia, llevamos cifras de muertes que sobrepasan el promedio de las dictaduras del siglo XX y XXI, el promedio de las guerras civiles del siglo XX y XXI, y no pasa mucho”.

De parte “de los ciudadanos, la política, la élite, de casi todos, lo que hemos visto es una capacidad asombrosa para normalizar la violencia, silenciar la violencia, negar la violencia. Entonces hemos visto dos olas grandes de movilización”.

Lo anterior, en referencia al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y el movimiento por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Fueron dos ‘olas’ dramáticas, con cierto impacto, pero luego se desdibujan muy rápido”, apuntó.

“Lo que estoy viendo como ciudadano individual en este mundo entre amenazante y lejano, son muchos datos. Una de las relaciones centrales es, cómo ven a las víctimas, lo que ven es que tratan de poner la distancia entre sí mismos (ciudadanos) y las víctimas. Hay muchas razones estructurales”, comentó.

“Los seres humanos no somos capaces de sentir dolor por 100 mil muertos, tenemos emociones de cercanía. Con cifras anónimas no asociamos nada”, explicó.

Apuntó que “en los medios y la política hemos tenido un lenguaje muy genérico”.

Uno de los puntos nodales del libro es “la ligereza con la que descontamos miles y miles de vidas, miles y miles de muertes, sin preguntar. Con una gran ingenuidad”.

El autor se preguntó “¿qué pasaría si tuviéramos las mismas cifras de víctimas, asesinatos, torturas, desapariciones, pero no en una ‘democracia minimalista’, sino en una dictadura?. En una dictadura no compraríamos estas cifras con la misma ligereza… quién aceptaría cifras de una dictadura sin procesos judiciales   independientes, sin evidencia, sin un argumento fuerte de libros”.

También tratamos con ligereza a los criminales, “los metemos a todos en un bolso, a los asesinos, a los pequeños vendedores de mariguana, y en realidad no sabemos nada de ellos, los condenamos de manera muy fuerte, y casi los mandamos a otro país”.

Dijo que “la mayor deficiencia de la democracia mexicana es de siempre, es un problema del que nadie se ha hecho cargo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni nadie. Es el gran hoyo negro del sistema judicial, ha sido el lastre de la democracia, tenemos un Estado con un sistema judicial que no sirve para proveer justicia”.

“Tenemos todo un aparato montado no para hacer justicia, sino para hacer en el mejor de los casos, simulación de justicia… es una parte de incongruencia de las estrategias que hemos visto”, recalcó.

En el gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto se ha optado por “mejor hablemos de otras cosas, hay otras prioridades. Siempre hay temas que saltan al espacio público y obligan al gobierno a hablar del tema, pero si no es por obligación y emergencia, prefieren hablar de otras cosas”.

Parte del diagnóstico del porqué México está en la actual situación, es que “hay muchos actores que están fallando, no el fracaso del estado que ha sido un caso muy discutidos, sino el fracaso de la democracia, cuando la democracia falla, son muchos actores”.

“Tenemos tantos actores ocultos, tanta dificultad, nunca sabemos quién está de qué lado”, indicó.

A lo que le autor llama guerra civil económica, es “por una razón muy sencilla, si esto lo llamamos guerra, y hay mucha gente que le ha llamado guerra, los politólogos diríamos hay dos tipos de guerra: los que se dan entre Estados, son guerras internacionales, y las que se dan desde adentro, guerras civiles. Y hay otras razones, que son parte de la concepción… sobre el terreno estas guerras civiles están normalmente impulsadas por razones mezquinas. Y aquí es la disputa por mercados…”.

‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’: Edgardo Buscaglia

El especialista pública ‘Lavado de dinero y corrupción política’, un análisis donde establece que si en verdad se quiere combatir al crimen organizado se necesita atacar sus finanzas.

Entrevista Buscaglia

Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política (Debate), el especialista examina los delitos que preceden el blanqueo de divisas en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.
En entrevista Buscaglia, plantea la urgencia de que México replanteé su marco jurídico e incorpore medidas más drásticas en este sentido de lo contrario, advierte, el costo social será aún más alto.

En su libro más reciente enfatiza la forma en que el lavado de dinero se ha ligado a la corrupción política.

Durante los últimos 20 años se ha convertido en un cáncer espantoso que ha succionado vidas humanas de una manera descontrolada.  Una de las áreas para prevenir que la delincuencia organizada siga succionando al país es el área patrimonial. Desde luego hay otras como la judicial y la prevención social, pero el lavado de dinero es el aparato circulatorio de estas redes criminales. Gran proporción de las desapariciones forzadas tienen motivación económica. Miles de niñas han sido secuestradas no por razones políticas ni sociales, sino simplemente para explotarlas económicamente, como señala Lydia Cacho. Es urgente implementar las medidas para contener las motivaciones económicas que hay detrás de las 47,000 desapariciones forzadas.

De no contenerse el tsunami del dinero que surge de estos delitos, muchos de ellos de lesa humanidad, vamos a tener muchos “Ayotzinapas” por delante.

Usted ha planteado que México es un país de tránsito en términos de lavado de dinero.

Así es. No es el destino final de ese capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los últimos puertos de esos recursos. Hay que entender el circuito: antes de llegar a Estados Unidos y la UE, ese dinero surge de la explotación sexual de niñas y jóvenes, pasa por empresas pantallas nacidas en sitios como Islas Caimán. Después se compran bonos de la deuda búlgara o un edificio en España. Se necesitan dos para bailar tango: México comete sus grandes fallas, pero luego el Cártel de Sinaloa procesa el dinero a través del banco HSBC y pasa por la jurisdicción americana o europea. Una vez que se descubre el proceso, los abogados negocian multas. No podemos seguir así.  Hay que comenzar a aplicar sanciones penales por negligencia criminal.

Este tipo de procesos no se entienden sin la colaboración del poder político.

En algunos países la colaboración de los políticos es más sucia que en otros. En Estados Unidos gran parte del financiamiento de campaña electoral viene de bancos, entonces los políticos en el fondo de su cerebro tienen un conflicto de interés latente. Además los dineros que aportan los bancos norteamericanos en su país no están regulados. Uno sólo puede objetar sus aportaciones éticamente, es lo que llamo corrupción legalizada. En México tenemos un problema grave porque el financiamiento de campañas si bien está regulado, en cuanto al dinero entra a los partidos se genera un agujero negro pues no se audita. Los partidos gastan lo que quieren.  A diferencia de Estados Unidos o Europa, México necesita cubrir los controles patrimoniales más básicos. Si lo hace será un poco más costoso para la delincuencia organizada, meter dinero a la política.  En ningún lado se puede evitar al 100% el lavado de dinero, pero sí puede dificultar. La cuestión es que en México los controles patrimoniales y auditorías de Estado brillan por su ausencia.

Usted propone la creación de una fiscalía Supranacional. ¿Por qué?

La presión internacional siempre genera más cuidado. Una fiscalía supranacional implica modernizar el Estado; presiona a las fiscalías nacionales porque las sujeta controles parlamentarios y mundiales, tal como sucede en Europa.  No estoy diciendo que esto sea la panacea, pero por ahora es lo que se tiene. A la delincuencia transnacional hay que combatirla con instituciones internacionales. Hay que crear una nueva arquitectura de coordinación mundial. Por eso planteo que puede ser útil la experiencia europea con las policías supraestatales, Europol y las fiscalías que agilizan la coordinación entre los estados.

Suele suceder que se tienen instancias o leyes que en el papel presumen eficacia, pero en la práctica no cumplen su cometido.

Ese es un problema mundial, pero en algunos lados la brecha es enorme, como en México, donde existe un marco jurídico tributario que debería bastar para realizar auditorías federales, sociales y tributarias. El problema es que ninguna de las tres se aplica a partidos, candidatos o municipios. Las leyes están redactadas para que la clase política se proteja con el mismo texto. Ojalá México tuviera juicios políticos como sucede en Brasil.

¿Qué tipo de costos tiene aplicar los mecanismos en términos de violencia?

Cuando pegas a los mecanismos empresariales y al corazón de la delincuencia organizada, inmediatamente comienzan a saltar los demonios. Se asesina a los políticos adversarios, caen jueces, etc. Sin duda surge tema grave de violencia pero el Estado debería estar prevenido con células de inteligencia. Se necesitan crear mecanismos judiciales de antemano. Siempre les digo a los funcionarios del Estado que no se puede asumir que por tener oralidad procesada y reformas judiciales en México, el sistema va a funcionar mejor. Hay que reforzar al sistema judicial de lo contrario veremos más violencia no necesariamente contra la población, sino contra las élites que quieran combatir al crimen organizado ya sea por presión internacional o civil.

¿En México no se quiere pagar este costo?

Claro. Recuerde cómo reaccionaban los grupos criminales en Colombia por mecanismos como la extradición: mataban a candidatos. Se pagó un precio alto y no hay lugar del mundo donde las élites quieran asumir el costo. México tendrá que pagar un precio. Los arquitectos de la impunidad actual pagarán caro por el monstruo de corrupción mafiosa que crearon en este país.

Su libro cierra con los casos de corrupción el FIFA. Otro escándalo notable de lavado de dinero.

La corrupción en la FIFA muestra la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es una organización internacional fundada en el 89 en París, congrega a todos los países que acordaron 40 recomendaciones para prevenir y combatir lavado de dinero. La FIFA firmó todos y cada uno de esos pactos, sin embargo violó todas las recomendaciones. No es un problema de ángeles y demonios, se tienen demonios en todos lados pero yo me dedico a medir objetivamente, con datos duros, cuál es la reacción de los Estados ante la corrupción.

¿Le sorprende que las denuncias por corrupción no hayan alcanzado aún a funcionarios mexicanos?

La delincuencia organizada más organizada en México es la política. El pacto de silencio es mucho más efectivo en la política mexicana que en el Cártel de Sinaloa.  Por eso es tan difícil que surjan denuncias desde México hacia afuera. Caen paraguayos, argentinos, pero el tema de la omertá mexicana es muy evolucionado.

Redacción AN

Los esfuerzos de México por combatir la corrupción en la policía siguen fallando

Por Paul Imison

Luego de ser secuestrados por miembros de la policía municipal en el estado fronterizo de Tamaulipas, Liliana y tres colegas fueron desvestidos y torturados durante tres horas. Después fueron llevados a un área boscosa aislada.

“En realidad pensamos que nos iban a matar”, dice Liliana, madre de dos hijos, y quien pidió que su nombre verdadero no fuera publicado por miedo a represalias. “Antes de que nos llevaran a la camioneta, un tipo se paró frente a nosotros y se puso a preguntarnos: ‘¿Cómo quieren irse?'”

Mientras los legisladores debaten una reforma trascendental del sistema de justicia mexicano, casos como el de Liliana, revelan los extraordinarios niveles de corrupción y falta de responsabilidad dentro de las fuerzas policiacas del país.

El hecho de que Liliana y sus compañeros formaran parte de las fuerzas de élite de la Policía Federal cuando fueron raptados hace dos años y medio, subraya la gravedad del problema. Y todo tiene más sentido, si sabemos que el equipo se encontraba investigando una ola de desapariciones cuando fue presa del ataque.

El problema de la policía trabajando directamente con los cárteles de droga locales no es algo nuevo en México. La presión por hacer algo más para solucionarlo se dio luego de que agentes municipales en la ciudad de Iguala, Guerrero, atacaran y después secuestraran a 43 estudiantes en septiembre de 2014. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos provocó una ola de indignación nacional e internacional, que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a prometer una reforma de trascendencia.

Estos manifestantes quieren que la policía mexicana sea procesada por sus métodos represivos. Leer más aquí.

Tres meses después de este terrible suceso, el gobierno propuso reemplazar los 1.800 miembros de la policía municipal con una sola unidad para cada uno de los 32 estados — un sistema llamado “mando único” —. Después de casi un año de discusiones políticas, el gobierno por fin está presionando para reabrir el debate.

“Estamos convencidos que la propuesta del presidente de un ‘mando único’ es la solución a la imposible situación que enfrentan muchos municipios”, expresó en enero el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A primera vista, el nuevo modelo parece estar hecho a la medida para abordar la profunda corrosión de las fuerzas policiacas municipales, que han quedado expuestas por la desaparición de los estudiantes, y por el escalofriante secuestro de Liliana y sus colegas a manos de policías locales cuando se encontraban en una misión para investigar la ola de secuestros en una ciudad cercana a la frontera estadounidense.

“A veces, le tenemos más miedo a la policía local que a los cárteles”, dice Liliana.

Cuando el equipo se adentró en el poblado, con ropa de civil y manejando un auto sin insignias policiales, la policía local cómplice del famoso cártel de Los Zetas detuvo el coche y rápidamente identificó a sus ocupantes como agentes federales. Liliana y su equipo intercambiaron cumplidos y se les permitió avanzar. Sin embargo, minutos después al detenerse en una gasolinera, una camioneta color negro se estacionó junto a ellos. Varios hombres encapuchados se bajaron portando AK-47 y AR-15.

“Estábamos armados, pero no había algo que pudiéramos hacer”, explica Liliana. “Fueron muy profesionales, y nos tenían rodeados”.

Posteriormente, los cuatro oficiales fueron llevados al cuartel de la policía municipal donde fueron golpeados e interrogados. “Querían saber qué hacíamos en la ciudad, quién era nuestro jefe, y porqué nos habían enviado”, dijo Liliana. “Habíamos sido advertidos de antemano de que la policía estaba profundamente involucrada con el cártel, así que mentimos y les dijimos que estábamos investigando un caso de pornografía infantil”.

Liliana cree que los policías municipales que se encontraron a la entrada de la ciudad eran “halcones” pagados por los Zetas para advertirles de la llegada de bandas rivales o de agentes federales al pueblo.

Después del interrogatorio, las cuatro víctimas fueron amontonadas en una camioneta y llevadas al campo, afuera de la ciudad. Abandonados en una zona boscosa, sus captores parecieron titubear, alejándose de la escena, para después regresar y abrir fuego. Uno de los agentes federales murió; uno más quedó incapacitado. Liliana y un tercer agente fueron capaces llegar a una carretera cercana y resguardarse.

El gobierno de México ignora un informe sobre otra masacre estatal de civiles desarmados. Leer más aquí.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 63 por ciento de los mexicanos tienen poca o nula confianza en los miembros de la policía municipal, y también el 63 por ciento los considera corruptos. Pero el enfoque reciente sobre los ejemplos de colusión con cárteles de drogas y la policía municipal ignora lo grave que pueden ser las cosas en los demás niveles administrativos.

Por algo es claro que el público no ve a las fuerzas estatales o federales como una respuesta a sus problemas. Cerca del 56 por ciento de la población tiene poca o nula confianza es sus fuerzas policiacas estatales. La cifra para la policía federal es del 42 por ciento.

“Los problemas se pueden ver en varios grados en los tres niveles de gobierno encargados de impartir la ley, pero en particular en el nivel municipal”, dice Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a VICE News. “En el peor de los casos, vemos cómo los oficiales son reclutados por las organizaciones criminales o participan activamente en crímenes por sí solos”.

La fuerza encargada de mantener la paz en el estado de Veracruz, ubicado en la costa del Golfo de México, es una institución estatal que tampoco está a la altura de las circunstancias.

La semana pasada, expertos forenses independientes identificaron los restos de uno de los cinco jóvenes que desaparecieron luego de ser arrestados por oficiales de la policía estatal en una gasolinera en el poblado de Tierra Blanca. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, y algunos de los oficiales supuestamente involucrados fueron arrestados después de que el caso comenzara a llamar la atención en los medios. Uno de los oficiales detenidos dijo a los investigadores que las víctimas habían sido llevadas a un rancho y entregadas a los miembros de los cárteles, quienes los asesinaron.

‘Fueron los Federales’: Matanza de 16 individuos desarmados a manos de la Policía Federal en Michoacán. Leer más aquí.

Mientras tanto, las fuerzas federales también han sido acosadas por acusaciones de corrupción institucional y abuso de los derechos humanos, a pesar de numerosos intentos, que datan de la década los 90, para colocar su profesionalismo, probidad, y efectividad por encima de las dudas. Por ejemplo, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, fue señalado por periodistas por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Durante la actual administración del presidente Peña Nieto, la Policía Federal ha estado involucrada en varios incidentes de supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles, o de individuos armados que se habían rendido. Entre ellos se encuentra el ataque hacia los seguidores de grupos de autodefensas en Apatzingán [Michoacán] en enero de 2015; además de la disputa que dejó a 42 muertos, supuestos miembros de cárteles, cuatro meses después en un poblado cercano llamado Tanhuato en el mismo estado.

Para Elena Azaola, especialista en seguridad pública del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, los problemas dentro de la aplicación de la ley en México requieren mucho más que un simple cambio de comando.

“México necesita una reforma más fundamental que la actual propuesta”, dijo para VICE News. “La policía necesita profesionalizarse y ser blanco de supervisiones por órganos civiles y legislativos”.

Aunque han existido numerosos programas en años recientes para profesionalizar a la policía e investigar a los oficiales para la integridad personal, el entusiasmo por la idea de una supervisión civil, en la cual los ciudadanos juegan un papel en el desempeño de monitoreo, permanece ampliamente limitada al mundo de las organizaciones no gubernamentales.

“Esto sería algo completamente nuevo para México”, añadió Azaola. “Pero por el momento, a mi parecer, no hay voluntad política, ni suficiente presión de la sociedad civil, para hacerlo realidad”.

No obstante, Azaola y Benítez citan las recientes mejoras en algunas de las fuerzas municipales más grandes del país. La notable disminución de homicidios en el famoso poblado fronterizo de Ciudad Juárez, la ciudad más violenta en el mundo desde hace varios años, ha sido al menos atribuida a la reorganización de la agencia municipal.

Mientras los legisladores debaten los detalles de la reforma, Raúl Benítez cree que el resultado más probable es un modelo mixto en el cual algunos de los estados podrán implementar una estructura única de mando, pero en las ciudades más grandes y municipios tendrán sus propias fuerzas. Aunque también añade que uno de los principales obstáculos para mejorar la implementación de la ley en todos los casos es la tendencia de los políticos para utilizar las fuerzas policiacas primordialmente como un medio para proteger sus intereses políticos.

Liliana, quien continúa trabajando para la Policía Federal en calidad de administrativa, admite su profunda frustración. Cree que muchos oficiales agradecerían una supervisión más estricta si ello significara que pudieran trabajar de forma más segura y servir mejor a la comunidad, pero insiste que es casi imposible que los individuos honestos desempeñen su trabajo dentro de la agencia.

“La gente no se da cuenta que hay muchos policías tratando de realizar su mejor esfuerzo en una mala situación”, dijo, “pero muchos terminan por rendirse y se alejan de las instituciones”.

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“El periodismo es contrapoder”: Jorge Ramos

En entrevista, el periodista señala que el caso de La Casa Blanca de Peña Nieto exhibe lo peor de México, pues refleja que cuando se hace una denuncia de corrupción los que son despedidos no son los personajes corruptos, sino los periodistas.

Entrevista con Jorge Ramos

Jorge Ramos presentará Sin miedo. Lecciones de rebeldes y poderosos, el próximo martes 12 de abril a las 11 am, en el Auditorio José Sánchez Villaseñor de la Universidad Iberoamericana.

¿Tiene alguna definición de periodismo?

El periodismo es contrapoder. El lugar del periodista está del otro lado del poder. Nos equivocamos cuando estamos del lado de los poderosos, de los empresarios. La principal función social del periodista es cuestionar y denunciar el abuso de los que tienen el poder.

Aunque el periodismo se puede volver un instrumento de poder, como exponen como Umberto Eco y Vargas Llosa en sus últimas novelas.

A eso ya no le llamaría periodismo. Hay muchos periodistas que dejan de serlo al acercarse al poder y por eso es importante que rescatemos el concepto de periodismo como rebelión, servicio y contrapoder. Nos toca hacer las preguntas que nadie quiere hacer. Si no cuestionamos e incómodamos a Javier Duarte, a Peña Nieto a Donald Trump, nadie más lo hará.

En su libro da cuenta de varios momentos tensos con sus entrevistados…

Es mentira que los periodistas no nos ponemos nerviosos. Hay cosas que nos dan miedo pero lo importante es superarlo y atreverse a hacer las preguntas incómodas. Antes de una entrevista los poderosos siempre tratan de amedrentar.

Un ejemplo…

Todos: Peña Nieto, Salinas de Gortari, Fidel Castro, Hugo Chávez. A nosotros nos toca enfrentarlos y cuestionarlos. Hay que entrar a una entrevista sin creerle al entrevistado. Debemos llevar a nuestras entrevistas con una sana incredulidad. Como decía uno de los editores del Washington post: nuestro trabajo comienza después de conocer la versión oficial de la verdad.

¿A qué le tiene miedo?

A no hacer la pregunta más difícil o no haber hecho bien mi tarea. Me da miedo morir o que les pase algo a mis hijos; fallar en lo que hago; a esa llamada o ese texto que cambian tu vida. El punto no está en perder el miedo, sino en reconocerlo y conquistarlo.

Usted tuvo un incidente con Donald Trump. ¿Hasta dónde se vale que lo personal interfiera en el trabajo del periodista?

Cuando Donald Trump dijo que los inmigrantes mexicanos eran narcotraficantes, criminales y violadores estaba hablando de gente como yo, y como periodista me tocaba decirle a Trump que lo que había dicho era una estupidez. Los periodistas estamos obligados a tomar partido en seis áreas: racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras y derechos humanos. Cuando Trump hace comentarios racistas sobre mexicanos y musulmanes; y sexistas, estamos obligados a tomar partido por ser éticamente correcto.

¿Cuál es la línea que separa esta línea de denuncia con el periodismo militante?

La gran diferencia está en no formar parte de ningún partido ni de ninguna organización. Hay que ser periodista, no priísta, ni panista, ni perredista. Hay que ser fieramente independiente. Hay que cuestionarlos a todos por igual. Esa es la gran diferencia.

Actualmente muchos medios pertenecen a grupos empresariales con intereses no necesariamente periodísticos.

Hay censura en la prensa mexicana pero al mismo tiempo creo que cada vez hay más periodistas independientes. Los grandes avances que hemos logrado en libertad de expresión no los vamos a ceder, pero hay que reconocer que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo: más de 80 periodistas han sido asesinados desde 1992. Desde el gobierno y las empresas hay presiones políticas. Lo que es imperdonable es que desde Los Pinos siga habiendo censura de prensa, el caso de la Casa Blanca refleja lo peor de México, refleja que cuando se hace una denuncia de corrupción los que son despedidos no son los personajes corruptos, sino los periodistas. Eso es absolutamente inaceptable.

Peor que la censura, es la autocensura por cuestiones de seguridad, de crimen organizado o presiones laborales.

En un país tan violento como México, uno de los trabajos más peligrosos es ser periodista, particularmente cuando se trata de cubrir el crimen organizado. Los periodistas de provincia que enfrentan a los criminales y a los gobernantes son heroicos.

¿Se ha autocensurado?

En lo absoluto. Tengo la suerte de vivir en una trinchera en Miami donde no me preocupo por tener un guardaespaldas, puedo ir al supermercado, de viajar sin protección, esa es una de las maravillas de vivir en un país que en la primera enmienda de la constitución garantiza el derecho a la información.

México captura a sospechosa del homicidio de una dentista en Texas

Brenda Delgado figuraba en la lista de los más buscados del FBI. Fue detenida en Coahuila, México, y será extraditada a Estados Unidos.

Brenda Delgado entre las más buscadas del FBI
Brenda Delgado entre las más buscadas del FBI

Las autoridades de México informaron este viernes que detuvieron a Brenda Delgado, la presunta autora intelectual de un asesinato en Dallas, Texas, y quien figura en la lista de los 10 más buscados del FBI.

Delgado, de 33 años, fue detenida en la Avenida Torre de Londres en la ciudad de Torreón, Coahuila, explicó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado. La mujer será trasladada a la Ciudad de México y luego extraditada a Estados Unidos.
“Las autoridades norteamericanas la acusan de ser la autora intelectual del homicidio de Kendra Hatcher, una dentista estadounidense quien, aparentemente, era novia de la anterior pareja sentimental de la hoy detenida, lo que configura el presente caso como un crimen pasional, ocurrido el 2 de septiembre de 2015″, agregó.

Brenda Delgado en una foto provista por el FBI.
Brenda Delgado en una foto provista por el FBI. FBI via AP

La investigación de las autoridades estadounidenses hallaron que Delgado contrató a un sicario para perpetrar el homicidio, con la colaboración de una amiga, detalló la PGR.

La mujer fue integrada recientemente a la lista de los más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en inglés). También había sido ofrecida una recompensa de 100,000 dólares a quien ayudara a encontrarla.

“Al ser notificados de la solicitud de detención con fines de extradición, elementos de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron células de búsqueda en los lugares de los familiares y amigos que pudiesen ayudar a la fugitiva, en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México”, afirmó la Fiscalía mexicana.

 

Agencias

Salinas en el gabinete

Por Carlos Loret de Mola A.

No soy de los que piensan que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari es una especie de gran titiritero que en secreto está detrás de cada acción del régimen actual. Creo que esa es una versión que, sobre todo, le conviene a él, y por eso el propio Salinas ha tratado de esparcirla.

Sin embargo, es claro que Salinas influye sobre el mandatario Enrique Peña Nieto y varios integrantes de su equipo, lo que le da una indudable relevancia en la vida pública mexicana.

Movimientos reciente en el gabinete federal han dejado al descubierto, de nuevo, los alcances del ex mandatario más repudiado del país en las últimas décadas.

Por la vía del parentesco, que en su caso es siempre una ruta política y financiera, Carlos Salinas de Gortari tiene una enorme incidencia sobre la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y sobre el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya. La canciller es su sobrina y el número uno de Petróleos Mexicanos es su concuño. Es reconocido que con ambos mantiene una estrecha, cercanísima, familiar relación. Y ellos dirigen dos dependencias que marcan la imagen de México en el extranjero –afuera, Salinas también tiene fama e intereses– y representan poder y dinero.

Igualmente, el ex primer mandatario es muy cercano al nuevo subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King. El recién incorporado a la cancillería es hijo del ex vocero e íntimo colaborador de Salinas de Gortari, José Carreño Carlón, actual director del Fondo de Cultura Económica, y se sabe que sostiene una relación propia con el ex mandatario.

Pensar que Claudia Ruiz Massieu, José Antonio González Anaya y Paulo Carreño son lo que son sólo por Salinas pues carecen de talento, trayectoria y logros propios es una simplona conclusión que suena más a activismo que análisis. Decir que Salinas no influye y mucho en ellos es estar desinformado.

Salinas se alimenta de estas cercanías. Más allá de la ficción, más allá de la leyenda de la “mano que mece la cuna”, del aura mística de la que quiere aprovecharse, su acceso real le permite mantener una buena tajada de poder y le facilita acceso de primer nivel, información privilegiada, influencia en decisiones relevantes y al final, la posibilidad de que él y sus aliados hagan negocios.

Salinas es menos de lo que él quiere que creamos, pero más de lo que oficialmente se acepta que es.

SACIAMORBOS

Basáñez no pudo quitarse la cachucha de académico. No entendió la representación que llevaba en sus hombros ni leyó con claridad lo que se necesitaba en el actual momento político mexicano y estadounidense. Esto le hizo cometer varias imprudencias públicas que terminaron por descomponer su relación con la canciller. Sada, su relevo en Washington si el Senado acepta, tiene muy buena fama entre sus colegas y colaboradores de la SRE. Era la apuesta del ex canciller Meade para sustituir a Medina Mora, pero el presidente prefirió a Basáñez. Siete meses después se le hizo. Habrá que ver qué tienen en mente en el gobierno cuando susurran que el cambio fue para enfrentar a Trump.

LANZA ALERTA FBI

Las autoridades sospechan que Delgado se encuentra en México.

Investigadores sostienen que la mexicana Brenda Delgado es peligrosa y puede estar armada.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció una recompensa de $100,000 Dlls. para la localización y captura de la mexicana Brenda Berenice Delgado Reynaga, sospechosa de provocar la muerte de una mujer en Dallas, Texas.

La mexicana de 33 años  está en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, luego que en septiembre de 2015, presuntamente, ordenó el asesinato de la prestigiosa odontóloga Kendra Hatcher.

“Al parecer, ella [Delgado Reynaga] estaba celosa porque la víctima salía con su exnovio,” dijo elagente especial Jason Ibrahim, miembro del Grupo de Trabajo de Dallas Delitos Violentos del FBI.

En los días previos al asesinato, se cree que Delgado supo que su expareja y Hatcher estaban planeando unas vacaciones a Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con el FBI, la doctora fue asesinada en el estacionamiento del edificio en que vivía, en Dallas. Delgado, que en esa época estudiaba para ser higienista dental, es sospechosa de contratar a dos conspiradores, ahora detenidos, para disparar contra la víctima.

“A pesar de que aparentemente ella no apretó el gatillo, sigue siendo responsable del asesinato. Brenda Delgado fue capaz de manipular con eficacia a todos los que formaron parte en su plan calculado”, dijo Thomas M. Clase, agente especial del FBI. “

Las autoridades estadounidenses creen que Delgado pudo huir del país poco después de haber declarado sobre el asesinato y que actualmente vive en México. Es considerada armada y peligrosa, además de tener presuntos nexos con cárteles de la droga, pues los hombres a los que contrató formaban parte de un grupo delincuencial. 

La búsqueda de Delgado está siendo coordinado por el Grupo de Trabajo de Delitos Violentos de Dallas, que consta de personal del FBI y detectives de la Policía de Dallas y Departamentos Garland.

El infierno en San Fernando: 5 años

La pesadilla tras descubrirse las fosas de San Fernando, aún no termina

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A finales de marzo de 2011, el guanajuatense Raúl Arreola Huaracha fue obligado a bajarse del autobús que lo llevaba a la frontera con Estados Unidos, en un retén instalado por Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas. No se supo más de él. Pero como tenía también ciudadanía americana y sus hijos lo esperaban en Estados Unidos alertaron al FBI, que intervino y presionó a las autoridades mexicanas para su búsqueda.
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Fotos: Ginette Riquelme/ Especial Másde72

No era el único. Otro ciudadano americano, Julio Villanueva, también fue reportado como desaparecido en el mismo sitio. También capturado por Los Zetas, en complicidad con policías municipales.

Durante los mismos días, el 25 de marzo, un representante legal de la empresa Ómnibus de México puso una denuncia ante la PGR por el secuestro de casi todos sus pasajeros a la altura de San Fernando.  No era la primera vez que ocurría: varias veces se repitió la escena de las maletas que llegaban a las terminales en los autobuses sin sus dueños. Hubo denuncias, pero todo era mantenido en secreto.

Al mismo tiempo de un campamento, donde había gente secuestrada, escaparon tres mexicanos, quienes dieron aviso a sus familias, que pidieron ayuda a un funcionario que alertó a las autoridades.

Alguna de esas razones, o los tres sucesos juntos, lograron que se activara la búsqueda que no se había hecho y que derivó en el hallazgo hace cinco años, el 1 de abril de 2011, de la primera fosa por parte de la Procuraduría General de Justicia tamaulipeca. Las semanas siguientes llegaron a 47 las fosas halladas; 193 los cuerpos.

Esa fue la cifra última del gobierno mexicano. Aunque funcionarios de Estados Unidos, policías, activistas y periodistas sabían que había más personas enterradas pero, por alguna razón aún no explicada, se dejó de excavar. La constancia de esta negligencia la recoge un cable diplomático estadounidense.

Esos días la morgue de Matamoros parecía una romería abarrotada de personas, llegadas de todo el país, que buscaban a sus seres queridos desaparecidos, Al menos 400 personas llegaron para buscar a sus familiares entre los muertos. En ese edificio tenían que hacer al menos cuatro filas que duraban horas: dos para denunciar la desaparición, dos para dejar su sangre para el cotejo genético.

El hedor traspasaba las paredes, se colaba por escuelas, negocios y casas, impregnaba la ropa, atascaba las gargantas, encogía la nariz, provocaba náuseas, obligaba a apurar el paso. En el edificio blanco donde se originaba tenía decenas de cuerpos en el piso, unos sobre otros, que esperan su turno para la autopsia.

Algunos, como los familiares de Arreola Huaracha, encontraron  pronta respuesta y pudieron llevarse el cuerpo a casa: era el hombre con tatuaje de un perro. La asesoría del FBI fue efectiva.

En el estacionamiento un tráiler, de esos que podrían transportar frutas, servía como depósito para otras decenas de cadáveres envueltos en bolsas de basura y amortajados con cinta adhesiva que llevan escrito el lugar de su hallazgo. Carrozas fúnebres llegaban cada tanto con otros cuerpos recién desenterrados.

Las personas que buscaban a los suyos entre esos cuerpos veía con angustia a los forenses enfundados en trajes quirúrgicos blancos, mientras bajaban del tráiler las bolsas de basura con forma humana hasta depositarlas en el piso del Servicio Médico Forense o que, en sentido contrario, sacaban otros para subirlos al contenedor, como si fueran cajas de fruta.

También observaron desesperados cómo el tráiler se llevaba los cuerpos: luego supieron que tendrían que seguirles la pista hasta la ciudad de México. Un funcionario había dado la orden de dispersar los cadáveres.

Lo que hoy se sabe es que el gobierno de Tamaulipas quería evadir el escándalo y estaba preocupado por la llegada de la Semana Santa y el ahuyentamiento del turismo.
Esto se sabe gracias a los documentos desclasificados en Estados Unidos por la organización National Security Archive.

Uno de los padres desesperados era el paramédico Arturo Román, padre de Josué Axel y Natanael Arturo, cuyos hijos habían desaparecido desde el 25 de agosto de 2010, cuando regresaban de comprar ropa en McAllen.

En ese momento 120 cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. La explicación que dieron las autoridades es que las morgues tamaulipecas habían resultado insuficientes. Pero el traslado se hizo con una lógica:“los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante (…) ayuda a restar visibilidad a la tragedia”.

Siete cadáveres tenían más posibilidades que el resto de ser identificados ya que entre sus pertenencias fueron hallados documentos de identidad, como credenciales de elector, una CURP y un boleto de pasajero. Sólo faltaba rastrar a las familias y reconfirmar su identidad mediante pruebas de ADN. Sin embargo, sus familias no lo supieron. Hasta enero de 2016 obtuvieron los restos.

En la Ciudad de México, la mayoría de los cuerpos fueron depositados en el Panteón de Dolores, de donde fueron sacados conforme el ADN daba positivo y las autoridades hacían el esfuerzo por rastrear a sus familiares. Algunos, cuando encontraron, en vez de cuerpos recibieron cenizas. No saben si sus hijos son los que les entregaron.

Los cuerpos restantes se quedaron en Tamaulipas. Se desconoce con qué criterio se hizo esa selección que provocó que estos tuvieran menos oportunidades de ser encontrados. La mayoría terminó en la fosa común de Ciudad Victoria, capital del estado.

Hasta el 4 de septiembre de 2013, sólo 54 de los 120 cadáveres trasladados a la Ciudad de México habían sido identificados y entregados a sus familiares; en Tamaulipas, en tanto, sólo 8 de los 73 cuerpos que quedaron en custodia. Ese día la PGR firmó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras así como mexicanas, un convenio forense que permitía a estos peritos independientes coadyuvar para identificar los cuerpos no identificados que habían sido asesinados en las masacres de los 72 migrantes (del 2010), las fosas de San Fernando (2011) y  Cadereyta, Nuevo León (2012).

A partir de entonces, 41 cuerpos han podido ser identificados y regresados a sus familiares (32 de las fosas de San Fernando).  Desde ese momento quedaron al descubierto las fallas periciales cometidas por las procuradurías tamaulipeca y general de la República.

La PGR no ha atendido a las peticiones de entrevista que desde el año pasado se le ha solicitado para conocer los resultados de la Comisión Forense.

La plaga de los mirreyes: sabor a impunidad, corrupción e influyentismo en México

Se creen de una estirpe superior, iluminada, y por ello piensan que sus acciones no tienen consecuencias. Viven en la impunidad, son los “mirreyes” mexicanos. Detrás de esta obvia ostentación, más que cuestionable en un país donde casi la mitad de la población es pobre, estos “niños ricos” son además un reflejo del clasista sistema instaurado en México. Los chicos conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, el Senador del PVEM, Jorge Emilio González y el nieto del ex Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, son algunos ejemplos.

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Botellas de champán que centuplican el raquítico salario mínimo mexicano, coches de lujo impagables para la inmensa mayoría y fastuosas fiestas de las que alardean en redes sociales son el día a día de un puñado de jóvenes de familias adineradas. Foto: Instagram #richkidsofmexicocity

 

Por Martí Quintana

México, 4 abr (EFE).- Botellas de champán que centuplican el raquítico salario mínimo mexicano, coches de lujo impagables para la inmensa mayoría y fastuosas fiestas de las que alardean en redes sociales son el día a día de un puñado de jóvenes de familias adineradas, los “mirreyes”.

Detrás de esta obvia ostentación, más que cuestionable en un país donde casi la mitad de la población es pobre, estos “niños ricos” son además un reflejo del clasista sistema instaurado en el país.

Se creen de una estirpe superior, iluminada, y por ello piensan que sus acciones no tienen consecuencias. Viven en la impunidad.

“El mirrey se asume como un ser humano aparte del resto de los mortales. (…) El mirrey no sería lo que es si se abstuviera de desigualar en el trato que entrega a sus semejantes”, identifica Ricardo Raphael, autor del libro Mirreynato. La otra desigualdad.

La pasada semana saltaron de nuevo todas las alarmas en México al conocerse el caso de Daphne Fernández, una menor del estado de Veracruz que en enero de 2015 fue obligada por cuatro conocidos suyos a subir a un auto, el Mercedes Benz de uno de ellos, para llevarla al domicilio de uno de los agresores y violarla.

Presionados por el padre de la víctima, dos de los jóvenes, universitarios y antiguos alumnos de un colegio privado católico del puerto de Veracruz, pidieron perdón a la muchacha en video, pero ahora niegan haber cometido el crimen.

El hecho está denunciado ante las autoridades desde hace casi un año, pero hasta el momento no se ha celebrado el juicio. El Gobierno de Veracruz ha negado dilación en el caso.

Los chicos, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, formarían parte de un grupo que actúa desde hace años en varios puntos del estado con graves antecedentes como el asesinato de un muchacho de 15 años en una fiesta en 2001.

Sin ir tan lejos, a los cuatro jóvenes implicados en la violación de Daphne se les relaciona con otros delitos como el atropello y muerte de un joven ciclista y la violación y asesinato de Columba Campillo, de 16 años, en mayo de 2015.

Si bien este crimen se adjudicó a una banda de secuestradores, los hermanos de la supuesta autora intelectual del homicidio hicieron pública una carta este domingo donde la desvinculan del suceso.

Los chicos, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, formarían parte de un grupo que actúa desde hace años en varios puntos del estado con graves antecedentes como el asesinato de un muchacho de 15 años en una fiesta en 2001. Foto: Especial

Los chicos, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, formarían parte de un grupo que actúa desde hace años en varios puntos del estado con graves antecedentes como el asesinato de un muchacho de 15 años en una fiesta en 2001. Foto: Especial

Estos casos no son los únicos registrados a lo largo y ancho del territorio mexicano. En su libro, Raphael recoge otros mediáticos eventos.

El Senador Jorge Emilio González, hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), arrastra a sus 43 años un largo historial de presuntos delitos sin sentencia.

Entre ellos, el intento de soborno y falsedad de declaraciones cuando fue interceptado conduciendo borracho, unas imágenes en las que unos sujetos le ofrecían dos millones de dólares a cambio de un permiso de obra o la muerte de una joven búlgara en una vivienda de Cancún del que el apodado “el Niño Verde” era presuntamente dueño.El Senador Jorge Emilio González, hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), arrastra a sus 43 años un largo historial de presuntos delitos sin sentencia. Foto: Cuartoscuro

El Senador Jorge Emilio González, hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), arrastra a sus 43 años un largo historial de presuntos delitos sin sentencia. Foto: Cuartoscuro

Gerardo Saade, de 21 años en 2013 y nieto del entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, entró en la vivienda de su ex pareja y la golpeó.

La joven lo publicó en redes sociales, pero no denunció ante las autoridades y el muchacho, aunque se autoinculpó ante la fiscalía del estado de Morelos, salió librado de todo delito.

Estos sucesos son “solo algunos ejemplos de los cientos que todos los años son registrados sin consecuencia por los medios de comunicación, o de los miles que ni siquiera ese privilegio logran”, afirma Raphael en su libro.

La joven lo publicó en redes sociales, pero no denunció ante las autoridades y el muchacho, aunque se autoinculpó ante la fiscalía del estado de Morelos, salió librado de todo delito. Foto: Twitter

La joven lo publicó en redes sociales, pero no denunció ante las autoridades y el muchacho, aunque se autoinculpó ante la Fiscalía del estado de Morelos, salió librado de todo delito. Foto: Twitter @AlexiaImaz

Para el periodista y académico, el “régimen mirreynal” carece de restricciones “personales, sociales y jurídicas” en una época donde “predomina la arbitrariedad de las consecuencias y la selectividad de los castigos”.

La nación ocupa el lugar 58 de los 59 países con mayores niveles de impunidad, según el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2016.

“En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos”, por lo que la cifra negra (delitos no denunciados) en el país desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, destacó el informe.

Y en este contexto, los mirreyes y las mirreynas siguen siendo tendencia en las redes sociales.

El instagram #richkidsofmexicocity cuenta con 62 mil seguidores y fotos tan significativas como un jaguar encima de un monopatín, presumiblemente la mascota de uno de estos jóvenes, o fajos de billetes bajo el título de “Para ir de compritas”.

Esta frivolidad no es exclusiva de México. Tampoco la sensación de superioridad que acarrea.

Ethan Couch mató en junio de 2013 y con apenas 16 años a cuatro personas en Texas cuando conducía borracho, pero logró evitar la cárcel tras ser diagnosticado con “affluenza”: su vida en el seno de una familia rica había sido tan fácil que no conocía de límites ni consecuencias.

Terminó entre rejas tras saltarse la libertad condicional al aparecer bebiendo en un video y fugarse junto a su madre al balneario mexicano de Puerto Vallarta, donde fue capturado y extraditado.

 

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